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Dr. Carlos Quintanilla Yerena

INTRODUCCIÓN


La clase campesina en México es sobre la que tanto se ha escrito que ha sido la protagonista de los movimientos sociales, tanto en la Independencia de 1810, la Reforma en 1857, así como la Revolución Mexicana de 1910.

"Los ejidos y las comunidades, tienen personalidad jurídica y patrimonio propios y son propietarios de las tierras que les han sido dotadas", así lo expresa el artículo 27 constitucional. Por su origen la Comunidad y el Ejido son figuras jurídicas distintas; la primera data desde la Colonia Española y la segunda es posrevolucionaria.

En México, según expresara el Doctor Luis Molina Piñeiro, "se derrumba una estructura con la Revolución Mexicana y surge una sub-estructura que no logra consolidarse hasta la actualidad para tener el carácter de estructura" , es decir, después de muchos años, estamos experimentando con la posibilidad de un nuevo alumbramiento.

La ley Agraria vigente ha chocado con viejas estructuras económicas y psicosociales. No pocas veces han quedado melladas ante la fuerza de viejos privilegios y de corruptelas de nuevo cuño.

En Vísperas de la Revolución de 1910, el 28.7% de la población se clasificaba como urbana, y creció hasta un 42.6% en 1950, debido a que la producción agrícola creció a un ritmo mucho más lento que la Industrial, con la Ley Agraria de 1992, el Gobierno de la República pretende desruralizar al país para transformarlo en urbano, cuestión que en forma vertiginosa ha provocado la emigración de más de quince millones de mexicanos a Estados Unidos y en número menor a aumentar los cinturones de miseria de las Grandes Ciudades en el propio México.

La causa de transformar el Derecho Agrario o estructura jurídica agraria principalmente es de carácter económico, paulatinamente se está demostrando que resuelve problemas de carácter social en la medida en que los Tribunales Agrarios la aplican debidamente, tal es su objetivo principal.

No se ha establecido -expresa el Doctor Raúl Cervantes Ahumada- "un sistema de asistencia técnica bien orientado para auxiliar al campesino, no se ha logrado un crédito efectivo y barato para el campesinado mexicano; no se ha logrado una extensión efectiva del seguro agrícola a los campos ejidales y todo eso hace que, principalmente cuando por las inclemencias del tiempo se pierde una cosecha, el campesino mexicano emigre al vecino país del norte a trabajar en los campos agrícolas, en situaciones verdaderamente infamantes, inconcebibles en la época en que estamos viviendo" .

Estas palabras pronunciadas por Cervantes Ahumada en 1955, fueron pronunciadas en el año 1992 a través de la voz calificada del también distinguido jurista sinaloense Gonzalo Armienta Calderón, quien expresó en su cátedra de postgrado lo siguiente: "Desde hace varios lustros la reforma agraria integral ha sido una aspiración legítima de los campesinos y un compromiso del Gobierno de la República. En este respecto podemos afirmar, sin reticencias, que la cosecha ha sido escasa. De ello dan fe la baja productividad y el desamparo económico que priva en un elevado sector del agro mexicano. Basta para comprobarlo, observar el permanente éxodo de los trabajadores agrícolas hacia el vecino país del norte y la emigración de las familias campesinas, principalmente del sudeste y del centro de la República, a las grandes urbes, como las ciudades de México, Guadalajara, Monterrey y Puebla, donde contribuyen a incrementar los cinturones de miseria de las zonas suburbanas" .

El sector agrícola se presenta en todos los sistemas económicos como un sector en decadencia, no obstante, que el campesino sigue siendo el que produce la alimentación básica de la sociedad en general. Quizá su importancia económica haya disminuido con la revolución industrial y la corriente neoliberalista; surge un cuestionamiento ¿se industrializarían los productos del campo para llevarlos enlatados a la mesa de los comensales en las grandes urbes, sin el previo trabajo del campesino?. La cuestión es, pues, el desequilibrio campo-ciudad, mundo rural-mundo urbano.

La tierra debe producir de una u otra forma, pudiendo tanto el ejidatario como el comunero, dentro de un marco de libertad, organizarse como más convenga al núcleo. Es decir, el ejidatario tiene el disfrute, jurídicamente protegido en la actualidad y con la facilidad para adoptar nuevos tipos de organización con el objeto de producir más y mejor.

Si la ley es un acto reflexivo, la costumbre es un acto espontáneo en una colectividad, no es una creación oficial como el derecho positivo, es un producto de la conciencia social y reflejo de multitud de factores históricos que caracterizan al comunero, por lo que la conducta de éste es introvertida; muchos grupos étnicos de comuneros indígenas no han dejado de ser un clan o una tribu, por ello cuando el comunero emigra a la ciudad, ya no va a tener la misma interacción que en la comunidad y debe dejar de observar una conducta determinada, ya que en la ciudad está condicionada a mecanismos de control externo. Todo individuo en sociedad requiere una movilidad hacia arriba, el comunero no presenta esta característica.

La transformación del artículo 27 constitucional, cuya publicación tiene lugar el 6 de enero del año 1992 con su Ley Reglamentaria o Ley Agraria publicada junto con la primera Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios el 26 de febrero siguiente; la primera contenida en diez Títulos con doscientos artículos y ocho transitorios, y la segunda, con treinta artículos y cinco transitorios, así como el primer Reglamento Interior de la Procuraduría Agraria, publicado el 30 de marzo de 1992, con cincuenta y cuatro artículos y tres transitorios. Por último, el Reglamento Interior de los Tribunales Agrarios publicado el 13 de mayo de 1992 con veintitrés capítulos, ochenta y tres artículos, más dos transitorios.

PROCEDIMIENTOS Y PROCESOS


Desde el año 1972, la FAO, previo a la 11a. Conferencia Regional para América Latina, reunió su Comité Técnico en Reforma Agraria, el cual puntualizó que uno de los principales obstáculos para lograr los objetivos de la Reforma Agraria era la ausencia de tribunales y sistemas jurisdiccionales relativos al Derecho Agrario. Con base en el informe de tal Comité, la Conferencia aprobó la Resolución 12/70 que recomienda que los países de la región adecúen sus ordenamientos jurídicos estableciendo medios procesales y jurisdiccionales que reúnan en un sólo sistema todos los problemas relativos al Derecho Agrario.

Como puede apreciarse la presión internacional para crear los medios procesales de Justicia Agraria estaba propuesta desde el año 1972, año en que gobernaba nuestro país Luis Echeverría Álvarez, quien se caracterizó por recibir audiencia campesina en un sesenta por ciento del total de audiencia en los Pinos, y fue hasta el año 1992 con el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari en que se crearon los Tribunales Agrarios, independientemente del movimiento político económico neoliberal.

Los procedimientos o actos administrativo-interno-ejidales, que consisten principalmente en decisiones de las asambleas, también tienen consecuencias jurídicas que se pueden tornar conflictivas y de carácter contencioso que saldrían de lo interno ejidal para resolverse satisfactoriamente, ya sea ante la Procuraduría Agraria, de llegar a un avenimiento, o bien ante el propio Tribunal Unitario Agrario cuando el caso se torne en jurisdiccional.

Por procedimientos administrativos me refiero a aquéllos que se tramitan y definen a través de una autoridad con este carácter y que dependen de la amalgama burocrática del Ejecutivo Federal; en materia agraria es el conjunto de actos que de alguna forma inciden en crear, reconocer, modificar, transmitir, declarar o extinguir derechos u obligaciones, desde las decisiones de las asambleas ejidales o comunales, conciliaciones ante la Procuraduría Agraria o arbitraje por la misma Institución (que es nulo en la práctica, no obstante que está previsto en la Ley); Reglamentos interiores de la Secretaría e la Reforma Agraria, SAGARPA, Procuraduría Agraria, Registro Agrario Nacional, Financiera Nacional de Fomento Ejidal y de la normatividad agraria en lo general y la de aplicación supletoria.

Los procesos estrictamente jurisdiccionales ante los tribunales agrarios, donde se asegura la legalidad, la garantía de audiencia y otros principios que sin perder la utilidad y eficacia se establecen en la Ley Agraria, la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios y distintos reglamentos, así como jurisprudencia.